El PMOT: técnicamente sólido, pero socialmente frágil.

El PMOT: técnicamente sólido, pero socialmente frágil.

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 2026–2035 coloca a Verón–Punta Cana ante una decisión que marcará la próxima década: ordenar el crecimiento del principal enclave turístico del país mientras enfrenta una deuda histórica en planificación urbana, servicios públicos y protección ambiental. La propuesta guía abre dos caminos: uno para la nueva organización del suelo y otro a los debates de cómo armonizar la realidad económica con los criterios técnicos de uso del territorio.

Esta estrategia surge después de más de cinco décadas de expansión acelerada, en las que el turismo impulsó la economía local más allá de la capacidad de ordenar y regular de las instituciones. Entonces, en ese contexto, por vía de consecuencia, toca lidiar con las ocupaciones en áreas ambientalmente sensibles, asentamientos sobre terrenos con otras vocaciones y una infraestructura que no siempre avanzó al mismo ritmo del desarrollo inmobiliario. En ese panorama, los gestores del PMOT intentarán corregir ese desfase mediante una planificación enfocada hasta el 2035.

Bajo ese imperativo, la aplicación del PMOT tendrá que redefinir el desarrollo urbano, las inversiones y el uso del suelo. Eso significa que hay que condicionar los proyectos públicos y privados a los que establezcan las nuevas normas previstas para la expansión territorial y la protección ambiental. Ahora bien, primero hay que unificar criterio sobre derechos adquiridos como de concesión minera.  

El centro del debate no está únicamente en los mapas, sino en una pregunta que resume la actual tensión del territorio: ¿puede mantenerse la clasificación agrícola de un suelo cuya economía, inversión y empleo dependen mayoritariamente del turismo? La respuesta exige equilibrar criterios científicos, derechos adquiridos y expectativas de desarrollo sin sacrificar los recursos naturales que sostienen el propio destino turístico y su competitividad.

Ante las reacciones que han surgido, florece el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien propone como ruta que: Si científicamente se demuestra que eso no se puede urbanizar, hay que respetarlo. Y si existen elementos para reconsiderarlo, también deben presentarse dentro del diálogo.” (https://bavaronews.com/locales/obispo-de-la-altagracia-llama-a-respetar-el-marco-juridico-del-pot-de-punta-cana/)

En este umbral, la hazaña principal no es técnica, sino social e institucional. Si las razones que sustentan cada clasificación no son comunicadas con claridad y respaldadas por procesos de participación, la resistencia comunitaria podría aumentar y dificultar la ejecución del plan. A ello se suman los conflictos derivados de concesiones mineras, derechos adquiridos y asentamientos ya consolidados. Es ahí donde la actitud es de extender puente para articular intereses sin salirse de los del instrumento de ordenamiento.

Por ejemplo, uno de los puntos más discutidos del PMOT desde su presentación es la percepción de que numerosos sectores sociales no participaron plenamente durante las etapas de elaboración del documento. Para los residentes de la UOT de El Salado, el proceso comenzó cuando las decisiones fundamentales ya estaban definidas. Es decir, este momento está matizado por esta condición que requiere temple institucional para explicar cada criterio técnico con transparencia y abrir espacios de participación que fortalezcan la confianza ciudadana.

Este esquema para organizar el territorio parte de siete demarcaciones y la distribución del uso del suelo en tres categorías. Destina el 55 % del territorio (265 km²) a conservación ambiental, el 30 % (136 km²) a suelo urbano consolidado y el 15 % (82 km²) a expansión urbana.  El hecho de que 12.38 km² de áreas protegidas y 2.77 km² de franjas de protección de cuerpos de agua tengan ocupaciones de residencias, comerciales, turísticas y agropecuarias requiere atención. Son decisiones que solo se pueden regularizar mediante instrumentos legales y administrativos.  En esta circunstancia se identifican conflictos de mayor complejidad. La legitimidad institucional, la percepción de desigualdad y los derechos adquiridos convergen en un mismo punto de presión. La oportunidad para construir acuerdos existe, pero su margen es cada vez más estrecho. Entre ellos figura la superposición de aproximadamente cinco km² de asentamientos humanos sobre la concesión minera Los Higos, un escenario donde convergen derechos mineros, planificación urbana y ocupaciones consolidadas.

Identificados los temas de mayor complejidad. La legitimidad institucional, la percepción de desigualdad y los derechos adquiridos convergen en un mismo punto de presión. La oportunidad para construir acuerdos existe, pero su margen es cada vez más estrecho. Entre ellos figura la superposición de aproximadamente cinco km² de asentamientos humanos sobre la concesión minera Los Higos, un escenario donde convergen derechos mineros, planificación urbana y ocupaciones consolidadas. El modelo clasifica esa zona como "fuera de ordenación", lo que abre interrogantes sobre la coordinación entre el PMOT, la legislación minera y las competencias de los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas.

A partir de ahora, el éxito del PMOT dependerá de la competencia de sus administradores para convertir un instrumento técnicamente sólido en un acuerdo social duradero. La verdadera prueba no será únicamente ordenar el territorio, sino lograr que comunidades, inversionistas y autoridades compartan una misma visión sobre el futuro de Verón–Punta Cana. Si ese consenso se construye, el proyecto podrá convertirse en la hoja de ruta que permita consolidar un desarrollo urbano compatible con la sostenibilidad ambiental y el liderazgo turístico de la región.

 

El reto de planificar a Verón

El reto de planificar a Verón

El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) presentado a Verón-Punta Cana no llega a ordenar un territorio virgen. Llega a este distrito con una mancha urbana que había marchado a razón de 1.28 km² por año durante la última década. Como un colador que atrapa el desorden y da paso al orden. El desafío no es únicamente definir dónde construir y qué conservar, sino gestionar los conflictos que surgen como costo de la expansión territorial desbordada y sin planificación.

Con apenas 484.44 kilómetros cuadrados, equivalentes al 0.99 % del territorio del país, Verón–Punta Cana concentra más del 60 % de las llegadas aéreas internacionales y su aporte se estima cerca del 7 % del PIB. La paradoja es evidente: un territorio diminuto sostiene una parte significativa de la economía nacional, pero durante décadas avanzó sin una brújula que orientara su desarrollo.

El diagnóstico del PMOT avalado por el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 confirma que Verón-Punta Cana creció más rápido que su capacidad para ordenarse. Rápida expansión, pero sin dirección. Entre 2012 y 2022, la población pasó de 43,982 a 138,919 habitantes, un incremento superior al 215 %. Y que la ocupación de suelo se amplió en 24.7 km² —evidencia concreta de cuando el crecimiento del ordenamiento territorial no corre a la misma velocidad.

Esa transformación respondió al dinamismo de la inversión en turismo y desarrollo inmobiliario, pero no evolucionó en orden y regulaciones de las viviendas, infraestructura, servicios públicos y protección ambiental. Estamos en un punto de repensar la densidad y altura en Verón–Punta Cana. ¿Crecer hacia arriba para preservar abajo o a la misma altura y ritmo de expansión?

El marco de actuación sugiere una nueva arquitectura territorial. Del total del distrito, el 55 % queda destinado a conservación ambiental, el 30 % corresponde a suelo urbano consolidado y el 15 % se reserva para futuras áreas de expansión. Lo que significa que el desarrollo ya no podrá avanzar sin límites sobre los ecosistemas que sostienen la competitividad del destino turístico.

Sin embargo, la verdadera prueba comienza donde terminan los mapas. El PMOT no es parte de un territorio vacío, sino de una comunidad plenamente operativa. Por ejemplo, el propio análisis identifica 12.38 km² de áreas protegidas y 2.77 de franjas de protección hídrica que ya tienen ocupaciones residenciales, comerciales, turísticas y agropecuarias. El desafío formidable no consiste únicamente en planificar el futuro, sino en administrar las consecuencias de las decisiones tomadas durante décadas sin un instrumento rector.

En este momento de tensión territorial. La discusión no gira solo en torno a si el 15 % reservado para expansión urbana será suficiente para absorber la demanda de viviendas, infraestructura y nuevas inversiones. En ese sentido, la proeza es campear entre la conservación ambiental con la dinámica de un territorio cuyo impulso económico está vinculado al turismo, inversión inmobiliaria, las construcciones y los servicios. Es el momento para que los gestores del PMOT puedan demostrar que proteger los recursos naturales no significa frenar el desarrollo, sino garantizar que continúe siendo sostenible.

La implementación también pondrá a prueba la capacidad institucional. Por igual, la eficacia del eje rector de territorio está sujeta a que se cumpla lo que está dispuesto para cada zonificación. Encarar las presiones sobre el uso del suelo es resolver incompatibilidades derivadas de las ocupaciones consolidadas. Ofrecer seguridad jurídica tanto a los inversionistas como a las comunidades. Como vemos, también es un asunto de generar confianza. Esta herramienta de ordenamiento urbano solo adquiere valor cuando sus disposiciones se convierten en decisiones concretas y permanentes.

En fin, el PMOT que disponemos a partir de julio marca un punto de inflexión. En esta asimetría del desarrollo y progreso. Verón–Punta Cana, después de cinco décadas del dinamismo acelerado, ya cuenta con un instrumento técnico para organizar el territorio. Si la gobernanza del territorio toma el control del desarrollo, estaremos confiados en sus resultados. Un cambio en el distrito, un paradigma. La confirmación de que hemos pasado de crecer por inercia a hacerlo con rumbo. Entonces será el verdadero legado del plan y la medida de su éxito.

 

Verón–Punta Cana: Un éxito sin planificar

Verón–Punta Cana: Un éxito sin planificar

El enclave turístico que creció más rápido que las instituciones que los regulan

Impulsado por el turismo, la construcción y la migración laboral, el pan atrae a las aves. Verón–Punta Cana pasó de ser una comunidad rural a convertirse en el principal destino turístico de la República Dominicana y el más visitado del Caribe. A una expansión demográfica sin precedentes en el país: en 2012 la población era 43,982 habitantes y en 2022 a 138,919, un incremento del 215.8% en diez años, según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Y que la ocupación de suelo se ampliará de 26.3 km² en 1980 a más de 39 km² en 2022 en casi cinco décadas. Su demarcación avanzó más rápido que la planificación y el ordenamiento urbano.

El turismo es el motor del cambio. En 2025, el enclave turístico de Verón–Punta Cana dispone de una oferta hotelera operativa estimada en 48,900, en más de 100 complejos turísticos en su zona costera, de acuerdo a los informes del Sistema de Inteligencia Turística del Ministerio de Turismo. Por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana transitaron más de 11 millones de personas, un aumento interanual del 9.9 % en relación al 2024. Y como establece el Informe Estadístico del Transporte Aerocomercial de la JAC 2025. Por esta terminal recibe alrededor del 53% de las llegadas internacionales a RD. La columna nacional del turismo.

Los indicadores que se relatan cada año de su desarrollo son inversamente proporcionales a la gestión del territorio. Desde su elevación de paraje a distrito municipal en 2006, Verón–Punta Cana inició una expansión territorial acelerada. Ese dinamismo superó la capacidad de respuesta del Gobierno central, del gobierno local e incluso del sector privado para dotar al territorio de servicios básicos. Corren en paralelo su progresión y la demanda de las infraestructuras urbanas.

Cómo responsabilizar a los residentes por la arrabalización y de la demanda de servicios básicos o de los problemas de movilidad (transporte, tránsito terrestre y seguridad vial) es confundir los efectos con las causas. Su desafío es revertir lo que hoy padecemos como consecuencia de este modelo de desarrollo que desbordó la capacidad institucional del territorio.

El crecimiento no convierte a los residentes en culpables.

Reiterar que la responsabilidad es de sus munícipes o sus residentes como causantes de los males urbanos; es el equivalente a culpar al pasajero por el estado de la carretera. Los primeros pobladores y los actuales habitantes participaron en el diseño del modelo turístico ni aprobaron los proyectos inmobiliarios. La transformación territorial, más bien, respondió a decisiones públicas y privadas que superaron la capacidad administrativa del crecimiento.

Una ciudad que llegó antes que sus servicios

Mientras la población aumentaba en más de un 215.8%, como establece la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en apenas una década. La evolución del territorio lo hacía de la misma forma, fruto de la apertura de nuevas instalaciones hoteleras, residenciales y comercios. Como ocurrió cuando se amplía una casa sin reforzar sus cimientos, en la medida en que iban pasando los años, la estructura comenzó a mostrar fisuras inevitables, nivel de deterioro que ningún plan municipal de ordenamiento territorial puede corregir a corto plazo.

La arrabalización tiene causas estructurales.

En el momento en que familias propietarias de terrenos empezaron a abrir residenciales sin ningún criterio urbanístico, atrayendo a compradores de terrenos y viviendas en esos sectores. Entonces era inevitable que llegara la informalidad, que no nació con ellos; lo que sí fue avanzando al mismo ritmo que la oferta y la demanda de suelo, pero sin orden ni regulación. Un resultado que no se muestra en ninguna de las estadísticas socioeconómicas sobre el sector turístico; hoy es una comunidad receptora que creció por acumulación y no por diseño.

La riqueza no siempre llega a quienes la producen.

Miles de trabajadores sostienen diariamente la industria turística mediante la construcción, la hotelería, el comercio y los servicios. Sin embargo, aportar mano de obra no significa decidir sobre salarios, transporte, vivienda o inversiones públicas. El destino genera porcentajes altos en divisas y en ingresos al PIB del país; sin embargo, muchos de sus habitantes continúan enfrentando carencias propias del territorio con escasa inversión social.

El turismo también debe regenerar comunidades

El éxito turístico no puede medirse únicamente por habitaciones ocupadas o pasajeros recibidos. El equilibrio es lo que sostiene un destino sostenible.  Todo logro destacable en sostenibilidad que no se plasme en una mejora visible en la calidad de vida de la comunidad local o su mano de obra es desigual.  Así como un árbol necesita raíces sanas para producir frutos, es de esa misma forma; el turismo y necesariamente sus habitantes tienen que tener acceso a agua de calidad, educación, movilidad, recreación y oportunidades de desarrollo verificable.

La responsabilidad es compartida.

Por un bien mayor, el Gobierno central, las autoridades locales, los desarrolladores inmobiliarios, empresas turísticas y otra representación social tienen la responsabilidad de transformar este crecimiento económico en desarrollo urbano. Ya sea simulacro o simulación, a partir de julio, Verón-Punta Cana dispone de su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. Como lo más próximo a un consenso social, un punto de partida para cambiar el escenario actual; el reto es hacerlo con el concurso de todos. Es un instrumento técnico guía para torear los efectos de esta realidad mientras nos movemos hacia la sostenibilidad del destino.

Del crecimiento al desarrollo

Hoy la verdadera hazaña es transformar la prosperidad turística e inmobiliaria en bienestar colectivo. Verón–Punta Cana está en una encrucijada: Solo seguir creciendo o hacerlo con calidad. Constituirse en un referente de crecimiento integral en el Caribe. Y contrario a lo que se señala en el distrito, los males sociales no son secuelas de sus munícipes o residentes, sino producto de la expansión económica que se mueve con mayor celeridad que los parámetros de ordenamiento territorial.

Como vemos, el tren del crecimiento llegó antes que la estación del desarrollo territorial. Ahora corresponde sincronizar infraestructura, servicios y calidad de vida para que el logro turístico también se traduzca en bienestar colectivo.

Turismo sostenible: hora de actuar en RD.

Turismo sostenible: hora de actuar en RD.

El turismo dominicano experimenta un crecimiento favorable y se espera superar los 12 millones de llegadas de turistas en 2026. No obstante, considerando su ritmo y dinamismo, el interés ya no es solo crecer, sino hacerlo con calidad. Salvaguardar: playas, acuíferos, arrecifes, comunidades y la calidad de vida. Mantenerse como un destino atractivo para la inversión y el turismo. El éxito económico que hoy lo sustenta podría perder valor si solo se consume sin construir ventaja competitiva sostenible.

Así como otras industrias globales, el turismo también se enfrenta al dilema: crecimiento o sostenibilidad.  Ahora bien, la sostenibilidad es "satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades" (Informe Brundtland 1987).

Según esas palabras, lo responsable es integrar prácticas sostenibles en cada proceso del manejo de la actividad turística. Parámetros del desarrollo más competitivo, innovador y resiliente. Por ejemplo, generalizar el empleo de planes de desarrollo turístico sostenible o de ordenamiento turístico (POT), que operen mediante criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la gestión empresarial. Habilitar instrumentos eficaces que equilibren el crecimiento económico con la inclusión social y la conservación ambiental.

Como estrategia, primó en el Foro Nacional sobre Cadenas de Valor Inclusivas y Resilientes, como respuesta a la necesidad de impulsar prácticas para reducir la huella ambiental del turismo y consolidar la participación de proveedores locales.

Costa Rica marca el rumbo.

Mientras el país consolida su liderazgo regional en más de un aspecto, Costa Rica preside el Comité Directivo de Turismo y Sostenibilidad de ONU Turismo. Sus pasos lo robustecen como nación. Como colectivo, actúa para mostrar que la competitividad ya no depende solo de la promoción internacional, sino también de la gobernanza, la innovación y la conservación ambiental. En lo que en una oportunidad decidieron enfocarse, hoy, su reputación lo precede, como un destino avalado por certificados de sostenibilidad que no solo está en sus campañas promocionales.

La cadena de valor es el verdadero motor.

En junio se desarrolló el Foro Nacional sobre Cadenas de Valor Inclusivas y Resilientes en Santo Domingo; se levantó una bandera inquietante: para ser un hotel sostenible, no basta con que su cadena de suministro se sustente en el mercado local. Incorporar mipymes, artesanos y las comunidades locales no es suficiente; implica ir más allá de los empleos y los ingresos. El trayecto es claro: fortalecer la economía local, ampliar la distribución de los beneficios y disminuir la dependencia de proveedores externos. Como una cadena sólida y en un bosque, cada árbol fortalece el ecosistema y la ausencia de uno debilita el conjunto.

La sostenibilidad necesita indicadores, no discursos.

Los resultados de la administración son los que se pueden estimar. En la agenda nacional tienen que prevalecer los índices que nos permitan evaluar, por ejemplo, el consumo de agua y energía, la generación de residuos, la satisfacción de residentes y visitantes, el empleo local y la transparencia institucional. Más que cifras, representan un número en el termómetro dominicano que nos revela si el turismo avanza hacia un desarrollo equilibrado o comienza a deteriorar sus propios cimientos.

Punta Cana ofrece señales alentadoras

En este principal enclave turístico del país ya existen ejemplos concretos. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es una muestra de compromiso de gestión basado en normas y criterios internacionales ambientales, programas de inclusión y reciclaje. Al mismo tiempo, otros proyectos empresariales como el del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) fomentan redes inteligentes, movilidad eléctrica y mayor eficiencia energética. Protocolos como CEPM Zero, que es un eje de transición energética sostenible. Como empresa que suministra la electricidad que impulsa la producción, los servicios y la vida cotidiana, por haberse incorporado este programa, está incluido en el catálogo PNUD-CONEP. Su visión de alcanzar un sistema eléctrico descarbonizado en 2030 sustentado en energías renovables y en almacenamiento que certifica su competitividad regional.

Como otros gestos en inversión del país que demuestran que la sostenibilidad también puede ser innovación empresarial. Iniciativa que sustenta la imagen pública.

Crecer sin destruir

Entonces, de cara a la Agenda 2030, el turismo dominicano se encuentra en un momento puntual. Por un lado, seguir midiendo su éxito únicamente por el número de visitantes, ingresos, inversión, empleos, ampliación de oferta hotelera, la diversificación y la conectividad aérea, y, por otro lado, también es importante generalizar los procedimientos de evaluación de la calidad del crecimiento. Evidenciar a través de indicadores ambientales, sociales, económicos e institucionales la sostenibilidad. Su valor no solo puede estar asociado con atraer más turistas, sino con conservar los que hoy los atraen. Como nación, enfocarnos en las mejoras objetivas, medibles y observables. Conciliar el crecimiento económico. La capacidad de adaptación frente a crisis económicas, sanitarias o climáticas.

Y como en el ámbito del turismo, la palabra sostenibilidad tiene otro alcance, que no es un adorno, un lujo o moda; más bien, es una oportunidad de acelerar el paso en el puente que nos conecta el crecimiento presente con la prosperidad futura.

Mientras el turismo crece, la vivienda se aleja.

Mientras el turismo crece, la vivienda se aleja.

El turismo es oxígeno para la economía dominicana: divisas, empleo e inversión. Como sector, impulsa la construcción y robustece nuestra imagen internacional. Sin embargo, como ocurre con un tren de alta velocidad, no todos los pasajeros logran subir. Mientras la industria avanza, a miles de trabajadores se les aleja la posibilidad de acceder a una vivienda digna cerca de sus lugares de trabajo.

La paradoja resulta evidente en zonas de crecimiento turístico como Verón-Punta Cana. Allí, su auge inmobiliario eleva el valor del suelo, las viviendas y los alquileres impulsados por la demanda internacional, mientras que los salarios de buena parte de la fuerza laboral son inversamente proporcionales al ritmo de su crecimiento.

Entonces, ¿el auge del turismo en República Dominicana estaría elevando el precio de la vivienda por encima de la capacidad de compra de los empleados del sector, especialmente del primer quintil salarial?

El crecimiento también necesita equilibrio.

El problema no radica en el crecimiento del turismo, sino en la ausencia de mecanismos que distribuyan mejor sus beneficios. Una economía puede expandirse y, al mismo tiempo, crear nuevas desigualdades.

El Informe Mundial sobre las Ciudades 2026 de ONU-Hábitat advierte que la crisis de vivienda se ha profundizado a nivel global. El organismo estima que 3,400 millones de personas carecen de una vivienda adecuada, en tanto que el déficit habitacional aumentó de 251 millones en el 2010 a 288 millones en 2023. De igual forma, más de 1,100 millones de personas viven en asentamientos informales, confirmando que el acceso a la vivienda es hoy más difícil que hace dos décadas.

República Dominicana no escapa a esta realidad. De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, el país presenta un déficit de vivienda de casi 1,4 millones, lo que equivale al 39,3 % de su oferta habitacional. El problema se agrava con el encarecimiento del suelo urbano, la escasa disponibilidad de viviendas asequibles y las limitaciones para obtener financiamiento hipotecario, lo que intensifica el hacinamiento, la expansión urbana desordenada y la presión sobre la infraestructura y los servicios públicos.

Esta dinámica de crecimiento acentúa la expansión urbana desordenada en los principales enclaves turísticos. Tal como ocurre con las manos de obra del primer quintil de ingresos, cuya canasta básica asciende a RD$29,489.84, perciben salarios mensuales de entre RD$15,000 y RD$25,000, insuficientes para acceder al mercado inmobiliario. En tanto que un apartamento promedio ronda los RD$6.1 millones, los alquileres oscilan entre RD$10,000 y RD$15,000, lo que absorbe una parte significativa de sus ingresos. Tal como sucede en destinos como Verón–Punta Cana, donde gran parte de las viviendas se comercializan en dólares, la brecha entre el salario y el costo de la vivienda es aún mayor.

El dinamismo del turismo simultáneamente aumenta la demanda de viviendas para residentes, trabajadores e inversionistas, intensifica la presión sobre los precios y reduce la oferta de viviendas asequibles para la población local.

Frente a este escenario, el Estado desarrolla programas de apoyo como Familia Feliz, Mi Vivienda y nuevas líneas de financiamiento impulsadas por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), dirigidas a facilitar la adquisición de la primera vivienda mediante subsidios y acceso al crédito.

No obstante, para acceder a estos programas, los ingresos de los solicitantes, según el proyecto, oscilan entre RD$40,000 y RD$70,000 mensuales por hogar; entre otras condiciones, deben obtener una precalificación para un préstamo hipotecario.

Como vemos, se cierra cada vez más la posibilidad para que el Estado pueda garantizar el derecho a una casa propia, como está establecido en nuestra Constitución. Sigue siendo una de las principales tareas del desarrollo nacional. Conciliar la expansión del turismo y del mercado inmobiliario con políticas públicas que aumenten la oferta de viviendas asequibles y de ese modo permitan que el crecimiento económico también se traduzca en mejores condiciones de vida para la población trabajadora.

Un mercado que habla en dólares.

Como es bien sabido, el mercado inmobiliario turístico funciona como una balanza desequilibrada. En uno de sus platos se encuentran inversionistas y compradores con alto poder adquisitivo; en el otro, los colaboradores cuyos ingresos apenas cubren el costo de la canasta básica.

Al tiempo que las viviendas se comercializan principalmente en dólares y los salarios se pagan en pesos, se distancia el ingreso y la posibilidad de adquirir una propiedad a nombre propio; como una brecha que se convierte en un abismo.

Bajo esa circunstancia, se obliga a que un numeroso grupo de empleados de hoteles, restaurantes y comercios tenga que compartir viviendas, trasladarse desde comunidades distantes o destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler.

El desafío de un desarrollo sostenible

Construir más hoteles no promueve automáticamente mejores condiciones de vida para quienes trabajarán en ellos. Del mismo modo que un edificio necesita soportes sólidos para mantenerse en pie, el desarrollo turístico necesariamente requiere un cimiento social capaz de salvaguardar su sostenibilidad.

Esta situación no es exclusiva del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo reportan que América Latina y el Caribe continúa siendo una de las regiones con mayores déficits habitacionales del mundo, motivado por la urbanización acelerada, informalidad laboral y restringido acceso al financiamiento.

Desde la perspectiva del desarrollo, la vivienda es el refugio donde comienza el desarrollo humano. Los beneficios del turismo deben proyectarse en una dimensión más amplia que la creación de empleos, atracción de inversiones, aumento de la productividad y estabilidad social. Más aún cuando su fomento dinamiza el sector de la construcción, la industria de materiales, el comercio, los servicios financieros y la infraestructura.

Ahora bien, la competitividad del sector dependerá también de la capacidad para ofrecer condiciones de vida dignas a su capital humano. Una fuerza laboral que está obligada a recorrer largas distancias, a enfrentar altos costos de alquiler o a vivir en condiciones de precariedad de algún modo, podría terminar afectando la productividad, la estabilidad laboral y la cohesión social.
Al final, este progreso turístico que tanto celebramos sigue dejando afuera a quienes lo hacen posible. Mientras los resorts crecen y las divisas entran, el acceso a una vivienda digna se vuelve cada vez más lejano para miles de trabajadores. Ya no se trata solo de números económicos: se trata de la relación rota entre las personas y su propio entorno. Un desarrollo que excluye a sus protagonistas no es progreso, es un espejismo.