El
ruido inmobiliario que Punta Cana no puede permitirse
Un termómetro que
marca fiebre no es el problema. Es la señal de que algo más profundo ocurre en
el organismo. El mercado inmobiliario de Verón-Bávaro-Punta Cana funciona hoy
como ese termómetro: lo que exhibe no es la causa del malestar, sino su expresión
más visible que produce más ruido.
Las demandas
judiciales y los condenados existen. Los testimonios de afectados son reales.
Son más los proyectos y agentes inmobiliarios honestos que los informales.
Los desarrolladores, promotores y vendedores que comercializan proyectos
tipificados de mala práctica están señalados. Todos ellos pasaron por su etapa
de aprobación, supervisión y regulación por los diferentes organismos
establecidos por las leyes dominicanas. Eso no se discute, pero no se puede
considerar como de crisis y de desorden. Hay que prestar atención a la forma en
la que se maneja el diagnóstico, a cómo en torno a estas apreciaciones se
construye una narrativa inapropiada, a las consecuencias que se asocian a su
mala exposición.
El
problema estructural tiene nombre
El auge turístico
generó una expansión inmobiliaria acelerada en un territorio que carecía de
planificación regulatoria proporcional a su velocidad de crecimiento; lo tomó
por sorpresa y ahora ya es más que un dolor de cabeza. Ese vacío es el origen
de lo que se indica como de preocupación.
Ahora es también
como se plantea la profesionalización. No todos son iguales. No es que todo el
sector ande mal por la maldad de algunos actores, sino por la ausencia de un
marco territorial que ordenara, anticipara y sancionara a tiempo. Una comunidad que crece más rápido que sus
instituciones produce exactamente esto: espacios donde la informalidad y la
mala práctica prosperan sin resistencia eficaz; ahora el desafío es aplicar un
tratamiento para paliar estas manifestaciones conocidas.
Reconocer ese origen estructural es indispensable
porque define la solución. Si muestra como problema el vacío regulatorio, la
respuesta es institucionalidad, no indignación ni llorar lo que ayer debimos
anticipar.
El Senado dominicano acaba de aprobar en segunda
lectura un proyecto de ley que, de ser promulgado como ley, regularía la
intermediación inmobiliaria, profesionaliza el sector, crea un registro
obligatorio de agentes y establece sanciones al fraude. Esa es la dirección
correcta. No es suficiente por sí sola, pero apunta al tejido, no al síntoma.
Lo
que el ruido puede costar
La superficialidad a la hora de tratarlo es grito de
amargado. Un arquitecto que detecta una grieta en un edificio tiene dos
opciones: documentarla, analizarla y proponer refuerzo estructural, o declarar
públicamente que el edificio está a punto de colapsar. La primera opción
protege a los ocupantes. La segunda los desaloja innecesariamente y destruye el
valor del inmueble antes de que haya razón para ello.
Presentar casos puntuales de mala práctica como los
que prevalecen no es evidencia de colapso sistémico del mercado inmobiliario de
Verón-Bávaro-Punta Cana; más bien produce ese segundo efecto. Un futuro
inversor no distingue entre una crisis construida narrativamente y una crisis
real. Para él, el ruido es el mensaje. Y ese mensaje viaja más rápido que
cualquier campaña de promoción turística.
Lo
que el análisis exige
La realidad como destino turístico y de invención abre
un espacio para hacer la pregunta correcta: no quién es el culpable moral, sino
dónde falló el sistema de control y cómo se puede cerrar esa brecha de esos
proyectos localizados. República Dominicana tiene instituciones con capacidad
sancionadora, organismos de protección al consumidor y tribunales que ya han
producido condenas definitivas. El sistema responde. Lo que falta es aplicación
sostenida de los controles existentes; exhibiendo los escándalos no se resuelve
ni enfrentarlos con exposición mediática.
El mercado inmobiliario de esta ciudad-región en
formación es una fuerza generadora de riqueza, empleo e inversión. Abordarlo
con bisturí —preciso, quirúrgico, sin dramatización innecesaria— es la única
forma de corregir lo que falla sin destruir lo que funciona. Más institución,
menos tribuna. Más norma aplicada, menos presión moral sin reparación concreta.
El termómetro marcó fiebre. Ahora toca tratar al
paciente, no romper el termómetro y, de ser necesario, quemar la sábana.